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Boletín Corporativo 28 de septiembre 2018


Competencia en el cobro de contribución en sociedades con objeto social múltiple

La Superintendencia de Sociedades, mediante el Oficio 220-134465 de 2018 reitera que, tratándose de sociedades con objeto social múltiple, la competencia privativa de la Superintendencia de Sociedades desde el enfoque subjetivo y la consecuente prelación para el cobro de la contribución deviene directa y plana.

Lo anterior sin que se requiera que la compañía de que se trate se encuentre inmersa en un proceso concursal.

De este modo se debe considerar que la jurisprudencia se ha enfocado en que el conflicto de competencias administrativas que pueda presentarse entre la Superintendencia de Sociedades y otras superintendencias por razón de la concurrencia de vigilancia sobre tales compañías debe solucionarse a favor de la Superintendencia de Sociedades, en cuanto a la supervisión subjetiva y al cobro de la contribución.

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Naturaleza jurídica de la sucursal de sociedad extranjera

La Superintendencia de Sociedades, mediante el Oficio 220-134252 de 2018 precisa la naturaleza jurídica de la sucursal de sociedad extranjera en el marco de la normatividad nacional y las reglas que sobre arbitraje internacional establece el Estatuto Arbitral.

Al respecto señala que aún en los casos en que los establecimientos de comercio abiertos por la sociedad extranjera sean varios o se encuentren en distintos lugares del país, su deber es abrir solo una sucursal a la que se le fijará como domicilio un lugar dentro del territorio nacional.

Reitera que las sociedades cuentan con el atributo de la nacionalidad, cuya determinación depende de diversos factores, si es nacional o extranjera, de acuerdo con su domicilio principal y con la ley de su formación, al tenor del artículo 469 del Código de Comercio.

Al vincular una sociedad a un territorio determinado y someterla a las leyes que rigen en él, se dispone de un criterio cierto y obligatorio para juzgar de la validez de su constitución y para conocer su régimen legal de funcionamiento.

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Mora en el pago de las acciones por parte de los socios

La Superintendencia de Sociedades, mediante el Oficio 220-134254 de 2018 reitera que cuando un accionista esté en mora de pagar las cuotas de las acciones que haya suscrito, según el artículo 397 del Código de Comercio no podrá ejercer los derechos inherentes a ellas.

Para este efecto, la sociedad anotará los pagos efectuados y los saldos pendientes.

Si la sociedad tuviere obligaciones vencidas a cargo de los accionistas por concepto de cuotas de las acciones suscritas, acudirá a elección de la junta directiva, al cobro judicial o a vender de cuenta y riesgo del moroso y por conducto de un comisionista, las acciones que hubiere suscrito, o a imputar las sumas recibidas a la liberación del número de acciones que correspondan a las cuotas pagadas, previa deducción de un 20 % a título de indemnización de perjuicios.

Adicional, las acciones que la sociedad retire al accionista moroso las colocará de inmediato.

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Decisiones del máximo órgano social dentro de un grupo económico

La Superintendencia de Sociedades, en Concepto número 220-132695 de agosto de 2018, estableció que la celebración de reuniones del máximo órgano social de sociedades que pertenezcan a un mismo grupo económico se deben celebrar independientemente.

Lo anterior teniendo en cuenta que éstas están dirigidas a permitir la toma de decisiones del máximo órgano de dirección de manera individual, en consideración a la sociedad respectiva. En ningún caso, de manera conjunta, colectiva o plural, independientemente de que ésta haga parte de un grupo económico integrado por otras sociedades, en las que sus socios o accionistas sean los mismos.

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Clases de acciones susceptibles de emitirse en unas S.A.S.

La Superintendencia de Sociedades, en Concepto número 220-133503 de agosto de 2018, reiteró que las sociedades por acciones simplificadas pueden emitir acciones de cualquier naturaleza, pero solo en la medida en que así se hubiere previsto de manera expresa en los estatutos respectivos, con sujeción a las reglas legales, lo que no obsta para que con posterioridad sean creadas mediante la correspondiente reforma estatutaria.

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Sucursal de sociedad extranjera

La Superintendencia de Sociedades, en Concepto número 220-134252 de agosto de 2018, reiteró que la sociedad extranjera que acuerde incorporar en Colombia una sucursal debe fijar en el territorio nacional un lugar de domicilio donde haya de desarrollar sus actividades y negocios en los términos del numeral 2 del Artículo 472 del Código de Comercio, que necesariamente corresponda al lugar que se determine en la Resolución respectiva.

El domicilio, entendido como atributo de la personalidad jurídica, se reputa es de la sociedad extranjera, distinto al domicilio de la sucursal, que para los efectos referidos a la ley colombiana representaría en lo pertinente “el lugar en que funciona la sede oficial de una sociedad a la que se envían los documentos comerciales u oficiales y en la que se reciben las notificaciones legales” y en la que, en interpretación del artículo 127 del Decreto 2649 de 1993, deben exhibirse los libros de comercio.

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Valoración de empresas

La Superintendencia de Sociedades, en Concepto número 220-133199 de agosto de 2018, reiteró que los métodos más conocidos en Colombia, para hacer una valoración de las empresas son: (i) valor en libros; (ii) valor del mercado; (iii) valor presente del flujo futuro de utilidades; y (iv) valor presente del flujo de caja libre (DFC).

Igualmente, la Superintendencia reiteró que la Ley 1673 de 2013 tiene por objeto regular y establecer las responsabilidades y competencia de los evaluadores. 

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Representación de las cuotas o acciones de la sucesión

La Superintendencia de Sociedades, en Concepto número 220-135198 de agosto de 2018, reiteró que la designación del representante de las cuotas o acciones en la sucesión ilíquida pueda realizarse en primer lugar de común acuerdo, no solo dentro del trámite de sucesión ante el juez, sino también mediante el trámite notarial correspondiente.

Así: “Si no hay albacea, o habiéndolo, el anterior no acepta el encargo, corresponderá la representación a la persona que por mayoría de votos designen los sucesores reconocidos en el juicio o el respectivo trámite sucesoral (artículo 17 de la Ley 95 de 1890)”.

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