El 10 de noviembre de 2026 se radicó ante el Congreso el Proyecto de Ley 500 de 2026, que crea un Régimen Especial de Estabilidad y Protección de Inversiones.
Este régimen buscaría la protección de inversiones iguales o superiores a 9.546.722 UVT (cerca de COP 500.000 millones en 2026). El artículo 17 del proyecto trae un consentimiento para que nacionales de otro Estado parte del Convenio del CIAD, titulares de proyectos acogidos al régimen, puedan promover arbitrajes de inversión. Esto, sin que se requiera un tratado bilateral de inversión.
Hasta donde se conoce, esta sería la primera ley interna en Colombia que incluya un consentimiento al arbitraje bajo el Convenio del CIADI. Colombia ratificó el Convenio del CIADI, es decir, el foro de arbitraje ya existe, pero falta el consentimiento del Estado para que pueda existir válidamente un arbitraje de inversión.
Un Estado puede dar su consentimiento al arbitraje mediante una ley. Pero para que surta efecto, la redacción de la norma debe contener una oferta clara e inequívoca de consentimiento.
En casos cercanos como el de Venezuela, en los que inversionistas como Cemex y Mobil demandaron a ese Estado ante el CIADI con base en el artículo 22 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, los tribunales rechazaron tener jurisdicción con
fundamento en esa norma, pues precisamente encontraron problemas en la redacción para considerarla una oferta de arbitraje válida.
De hecho, estos mismos casos fueron citados en la exposición de motivos del proyecto de ley. Los autores del proyecto parecen querer evitar ese riesgo. Entonces veamos si el artículo 17 se puede considerar un consentimiento válido al arbitraje bajo el Convenio del CIADI.
La norma venezolana decía que las controversias “serán sometidas al arbitraje internacional en los términos del respectivo tratado o acuerdo, si así éste lo establece”. No decía que Venezuela consintiera el arbitraje y, además, lo dejaba sujeto a la condición de que otro instrumento lo estableciera.
El artículo 17 del Proyecto de Ley 500 dice expresamente que “la República de Colombia consiente en someter a arbitraje” ante el CIADI, las controversias que surjan del régimen. El verbo “consentir” se usa con precisión y la validez de la oferta de arbitraje no depende de lo que diga otro texto. En este punto, la lección de Venezuela parece aprendida.
Pero una oferta, aunque sea clara, sigue siendo solo una oferta. Mientras el inversionista no la acepte, el Estado puede retirarla derogando la ley.
El proyecto prevé que el inversionista acepte mediante comunicación al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero se refiere al consentimiento “respecto de una controversia”, lo que deja la duda de si el inversionista puede aceptar antes de que exista una disputa.
Convendría aclarar que el inversionista podrá aceptar la oferta de arbitraje en la solicitud de acogimiento al régimen, para cualquier controversia futura, y que la aceptación se mantenga, aunque la ley sea derogada.
También convendría precisar quién puede aceptar la oferta. El artículo 17 ofrece el arbitraje al titular que sea nacional de otro Estado contratante, y con frecuencia ese titular será una sociedad colombiana controlada por el inversionista extranjero. El artículo 25(2)(b) del Convenio permite que esa sociedad acuda al CIADI solo si las partes acordaron tratarla como extranjera, por lo que convendría que el proyecto incluyera ese acuerdo.
Pero ¿por qué estos detalles pueden ser importantes? Si al final el proyecto busca promover la inversión y, en particular, recuperar la inversión extranjera directa, que, según su propia exposición de motivos, completa tres años consecutivos de caída, ¿qué tiene que ver la oferta de arbitraje ante el CIADI con la inversión?
Un estudio del grupo de investigación del Banco Mundial, publicado el 26 de octubre de 2026, encontró que la adhesión de un país al Convenio del CIADI está asociada con un aumento de la inversión extranjera que recibe, y que la primera demanda arbitral contra un Estado no la reduce de forma estadísticamente significativa. Sus autores consideran que ese resultado es consistente con una mayor credibilidad de los compromisos del Estado frente al inversionista.
Colombia ratificó el Convenio en 1997, de modo que el estudio no mide el paso que ahora se propone. Aun así, deja una lección útil. Según sus autores, los resultados muestran que las instituciones jurídicas internacionales pueden ayudar a reducir el riesgo y a generar confianza entre los inversionistas y los Estados, y con ello facilitar la llegada de capital.
Que Colombia ofrezca por ley arbitraje ante el CIADI a los inversionistas acogidos al régimen es una forma de hacer creíble el compromiso de estabilidad y, por esa vía, de atraer inversión extranjera directa.
Esa credibilidad, sin embargo, dependerá de la claridad con la que la norma quede redactada, y el trámite en el Congreso es la oportunidad para ajustarla.
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Publicado: sábado 21 de noviembre de 2026/ Asuntos legales / La República