Tecnología, inteligencia artificial y fiscalización tributaria confiable

En Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha avanzado notablemente en su modernización digital. La facturación electrónica, el uso de big data y la IA para detectar inconsistencias, operaciones inusuales o posibles omisiones en las declaraciones son ejemplos claros de esta transformación.

Estos avances fortalecen la fiscalización y pueden mejorar la relación entre el Estado y los contribuyentes, siempre que se adopten con responsabilidad por ambas partes. La experiencia nacional muestra que estos desarrollos aún están en una etapa experimental y carecen de un marco jurídico sólido que defina sus alcances y límites.

Hoy, muchos contribuyentes reciben correos de la DIAN con recordatorios de vencimientos, comparaciones de ingresos entre períodos, impuestos esperados, avisos sobre posibles inconsistencias o diferencias en el impuesto a pagar. Incluso, las personas naturales pueden acceder a una declaración de renta sugerida elaborada por la misma entidad.

Esto evidencia la capacidad que puede alcanzar la DIAN para combatir la evasión y mejorar el recaudo mediante acciones inmediatas. Aun así, también se han presentado casos de contribuyentes que, tras presentar su declaración con base en el borrador sugerido por la DIAN, reciben posteriormente requerimientos para corregirla.

La propia DIAN advierte que las herramientas tecnológicas, como la declaración sugerida o la información reportada por terceros (información exógena), deben contrastarse con la realidad de cada contribuyente y no eximen de una eventual fiscalización.

Esto demuestra que la tecnología aún no es infalible en materia de fiscalización, determinación de impuestos o recaudo. En consecuencia, su uso debe acompañarse de criterios jurídicos claros que garanticen principios como la seguridad jurídica, la buena fe y el debido proceso.

Por ello, los asesores tributarios seguimos siendo necesarios como filtro técnico y jurídico frente a los avances digitales, asegurando la protección de los derechos de los contribuyentes y la cooperación con la DIAN en el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El verdadero desafío, entonces, no es tecnológico sino humano: comprender que, en materia tributaria como en todos los ámbitos, la tecnología y la inteligencia artificial deben aprovecharse como herramientas de apoyo, pero siempre bajo la premisa de que su valor radica en complementar y no en sustituir el criterio y la responsabilidad de las personas.

En definitiva, el futuro de la administración tributaria deberá propender por un equilibrio entre innovación y garantía de derechos. La digitalización debe servir a la justicia tributaria y no al revés.

Solo así la tecnología podrá consolidarse como un verdadero instrumento de confianza entre el Estado y los contribuyentes, capaz de fortalecer no solo el recaudo, sino también la legitimidad del sistema tributario.