📄 PSAV: Proyecto de ley para regular los servicios con activos virtuales en Colombia ⚖️

El Proyecto de Ley 510 de 2025 establece un marco normativo para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), incluyendo requisitos de inscripción, obligaciones operativas, restricciones y coordinación entre autoridades para asegurar transparencia y supervisión del sector.

✍ Autora:
📌 Publicado en: Parra Rodríguez Abogados

📄 Matriz de riesgos: base para prevenir el Lavado de Activos y otros riesgos legales ⚖️

Las empresas obligadas a implementar sistemas como SARLAFT o SAGRILAFT deben construir matrices de riesgos específicas, reales y proporcionales a su exposición. Esta herramienta permite identificar amenazas, vulnerabilidades y diseñar medidas de control adecuadas frente al LA/FT/FPADM.

✍ Autora: Daniela Pérez Mahecha
📌 Publicado en: Asuntos Legales – Diario La República

📄 Reforma Laboral: principales modificaciones de la Ley 2466 de 2025 ⚖️

La Ley 2466 de 2025 modifica normas clave del derecho laboral colombiano, impactando aspectos como la jornada laboral, el trabajo nocturno, los recargos dominicales y festivos, el proceso disciplinario y las obligaciones del empleador, entre otros.

✍ Autores: Parra Rodríguez Abogados
📌 Disponible en nuestro canal de YouTube: Webinar sobre los efectos de la reforma laboral

📄 Fuero de salud: requisitos, diferencias jurisprudenciales y consecuencias legales ⚖️

Con el cambio jurisprudencial en torno al fuero de salud, surgen interrogantes sobre quiénes están protegidos, cómo opera esta protección y cómo manejar estos casos.

✍ Autora: Angélica Pico Carrillo
📌 Publicado en: Asuntos Legales – Diario La República

📄 El antiprocesalismo: herramienta excepcional para preservar la legalidad procesal ⚖️

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, mediante auto notificado el 30 de abril de 2025, reiteró la vigencia del antiprocesalismo como mecanismo excepcional dentro del proceso civil colombiano.

Esta doctrina permite anular decisiones judiciales manifiestamente ilegales, incluso si ya están ejecutoriadas, cuando afectan el debido proceso y no pueden corregirse por medios ordinarios.

La Corte Suprema ha precisado que su aplicación exige que la ilegalidad sea evidente y requiera corrección inmediata para evitar una afectación mayor.

✍ Autor: Ángela María Serrano Muñoz